El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en una vivienda del distrito de Retiro, ha reabierto en Madrid el debate sobre el acceso a la vivienda, los alquileres antiguos y la protección de las personas mayores. El lanzamiento se ejecutó el 23 de septiembre después de un largo proceso judicial que terminó con el contrato de arrendamiento declarado extinguido.
Las claves del caso de Maricarmen en 20 segundos
Maricarmen fue trasladada en camilla por los servicios sanitarios tras el lanzamiento y posteriormente permaneció ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. Durante la jornada, cientos de personas se concentraron frente al edificio de la calle Alcalde Sáinz de Baranda para intentar impedir el desalojo.
La historia, sin embargo, comenzó mucho antes. El contrato de arrendamiento de la vivienda se firmó originalmente en 1956. Tras la muerte de sus padres, Maricarmen asumió sucesivamente la posición de arrendataria. La última subrogación se produjo después del fallecimiento de su madre en 2005 y terminó siendo el elemento central de la disputa judicial.
La empresa Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L., propietaria del inmueble, acudió a los tribunales para recuperar la vivienda. Su posición era que la segunda subrogación del contrato, producida en 2005, no podía mantenerse durante toda la vida de Maricarmen al no cumplirse los requisitos previstos en el régimen transitorio de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.
El recorrido judicial tuvo varias etapas. En primera instancia, la resolución fue favorable a la arrendataria, pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó posteriormente esa decisión y declaró extinguido el contrato.
La Audiencia consideró que, aunque se había producido la subrogación, su duración no podía ser vitalicia en las condiciones analizadas. También concluyó que, después de la extinción que correspondía según esa interpretación, la permanencia posterior en la vivienda había dado lugar a una tácita reconducción del arrendamiento, con renovaciones anuales.
Maricarmen recurrió ante el Tribunal Supremo. La Sala de lo Civil inadmitió el recurso mediante un auto dictado en diciembre de 2023 y dejó firme la resolución de la Audiencia Provincial. El procedimiento de ejecución terminó fijando el 23 de septiembre de 2026 como fecha para el lanzamiento.
El dato es relevante porque el desahucio no fue consecuencia de una decisión adoptada en los días previos a la movilización vecinal. Fue el resultado de un procedimiento judicial que se prolongó durante años y cuya discusión principal se centró en la duración legal del contrato.
El caso adquirió una dimensión social mayor por las condiciones económicas de la vivienda. Según las informaciones publicadas, Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales por su alquiler de renta antigua. Tras la adquisición del inmueble, se plantearon nuevas condiciones económicas. EFE ha informado de que la propiedad intentó elevar la renta hasta 1.650 euros mensuales, mientras otras informaciones han recogido cantidades superiores en distintos momentos del proceso.
También se planteó la posibilidad de comprar la vivienda. RTVE ha informado de una oferta de compra por 250.000 euros realizada en 2018, que no fue aceptada por Maricarmen.
La situación generó distintas propuestas para evitar el lanzamiento. La abogada de Maricarmen sostuvo que la propiedad no había aceptado las alternativas planteadas, mientras que posteriormente aparecieron ofertas externas para asumir el alquiler o buscar una solución que permitiera su permanencia.
El pianista James Rhodes afirmó públicamente que había ofrecido pagar un alquiler a precio de mercado y comprar la vivienda para que Maricarmen pudiera continuar viviendo allí. Según su propio relato, la propiedad rechazó ambas opciones.
La propia Urbagestión planteó después del desahucio una solución ante el Ayuntamiento de Madrid. La empresa propuso incorporar la vivienda al programa ReViVa, gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), con el objetivo que describió como una alternativa estable y asequible para que Maricarmen pudiera regresar al inmueble.
El Ayuntamiento rechazó posteriormente esa propuesta al considerar que la inclusión de la vivienda en ReViVa no cumplía los requisitos legales establecidos para el programa ni para otros programas municipales de compra de vivienda.
La historia de Maricarmen ha provocado concentraciones vecinales, declaraciones de representantes políticos y un amplio debate público sobre el mercado del alquiler en Madrid. También ha enfrentado interpretaciones diferentes sobre las responsabilidades de las partes y sobre las posibles alternativas que existían antes del lanzamiento.
Durante el desahucio se produjo un amplio dispositivo policial ante la presencia de manifestantes y activistas que trataban de impedir la ejecución. La Delegación del Gobierno señaló que la actuación policial respondía al cumplimiento de un mandato judicial.
La dimensión política del caso también ha crecido después del lanzamiento. Distintos partidos y organizaciones han utilizado el episodio para reclamar cambios en las políticas de vivienda, mientras el Gobierno central y las administraciones madrileñas mantienen diferencias sobre las medidas necesarias para ampliar la oferta residencial y proteger a los hogares con dificultades.
Al margen de esas posiciones, el caso plantea una cuestión jurídica concreta y otra social. La primera quedó resuelta por los tribunales respecto a la duración del contrato de 1956. La segunda sigue abierta: qué alternativas habitacionales existen para una persona de 87 años con discapacidad que pierde la vivienda en la que ha residido durante más de 70 años.
El Ayuntamiento dispone de programas de vivienda y servicios sociales para atender situaciones de vulnerabilidad, aunque la propuesta concreta de Urbagestión para que Maricarmen regresara al piso no fue aceptada por la EMVS.
El episodio también ha vuelto a colocar en el centro de la conversación madrileña los contratos de renta antigua. Son arrendamientos nacidos bajo una legislación muy diferente de la actual y algunos han permanecido durante décadas mediante mecanismos de subrogación. Cuando el contrato llega a su final, el salto entre la renta histórica y los precios actuales puede ser muy elevado.
Para Madrid, donde el coste de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchos hogares, el caso de Maricarmen concentra en una sola historia varios de los problemas que atraviesan el mercado: alquileres antiguos, vivienda en propiedad, precios actuales, protección de mayores, procesos judiciales y disponibilidad de alternativas residenciales.
El desahucio se ejecutó el 23 de septiembre de 2026 en una vivienda del distrito madrileño de Retiro, donde había vivido desde 1956.
La disputa se centró en la duración de la segunda subrogación del contrato, producida tras el fallecimiento de su madre en 2005. La Audiencia Provincial de Madrid declaró extinguido el contrato y el Tribunal Supremo dejó firme esa decisión.
Las informaciones publicadas sitúan la renta antigua alrededor de los 500 euros mensuales, aunque las cantidades planteadas posteriormente por la propiedad fueron diferentes. EFE ha informado de una propuesta de 1.650 euros mensuales.
Urbagestión planteó al Ayuntamiento incorporar el inmueble al programa ReViVa para facilitar su regreso, pero la EMVS rechazó la propuesta al considerar que no cumplía los requisitos legales del programa.
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