El subsidio de desempleo para mayores de 52 años costará a la Seguridad Social casi 17.935 millones de euros en valor presente hasta 2030, y el Estado gastará más de 15.800 millones adicionales en ese período. Son las cifras del informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza cómo esta prestación ha pasado de ser una red de seguridad temporal a un componente estructural del sistema de protección social español.
En 2025, más de 458.000 personas mayores de 52 años percibían este subsidio, frente a las 162.318 de 2005. El número casi se ha triplicado en dos décadas. En 2030, según las proyecciones de Fedea, la cifra superará los 529.000 beneficiarios si no se modifica la normativa vigente.
El informe documenta un cambio estructural en el mercado laboral. Entre 2005 y 2025, el peso de los mayores de 50 en el total de desempleados pasó del 12,6% al 30,3%. Durante ese período, 546.700 de los 674.600 nuevos parados correspondían a este grupo de edad. Paradoja: el número de ocupados mayores de 50 años casi se duplicó en el mismo período, de 3,8 a 7,9 millones, pero el desempleo en ese tramo también creció, hasta llegar a 791.200 personas sin trabajo en 2025. El mercado genera más empleo para mayores, pero también los expulsa con más facilidad cuando lo pierden.
La dinámica tiene un componente demográfico claro. La población de 50 a 66 años creció de 7,8 millones en 2005 a 12,2 millones en 2025, y ya representa el 37% de la población activa, diez puntos más que en 2005. Este envejecimiento ejerce presión simultánea sobre el mercado laboral y sobre el sistema de pensiones, algo relevante mientras se debate el cálculo de las pagas extras de las pensiones y el equilibrio financiero de la Seguridad Social.
El régimen para mayores de 52 años existe desde 1984, pero la reforma aprobada en 2019 por el Gobierno de Pedro Sánchez lo amplió de forma sustancial. Redujo la edad de acceso de 55 a 52 años, flexibilizó los requisitos de renta, extendió la duración del cobro hasta la jubilación ordinaria y elevó la base de cotización al 125% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Fedea calcula que el 80% de los efectos económicos de esa reforma ya se han materializado en 2026, y que antes de 2030 se habrá consolidado el 90%. Eso significa que la tendencia al alza es difícilmente reversible sin una reforma sustancial. El subsidio funciona de facto como un sistema híbrido entre renta de sustitución y prestación previsional, ya que las cotizaciones durante su percepción cuentan para el cálculo de futuras pensiones.
El debate se inserta en un contexto más amplio de transformación del mercado laboral. El 44% de las grandes empresas españolas prevé eliminar puestos rutinarios en los próximos tres años mediante IA generativa, lo que podría acelerar la expulsión de trabajadores mayores del mercado laboral y aumentar la presión sobre los subsidios de desempleo en el tramo de edad más vulnerable.
Es una prestación asistencial para desempleados mayores de 52 años que han agotado otras ayudas y acreditan insuficiencia de ingresos. Permite cobrar hasta la jubilación ordinaria. La reforma de 2019 rebajó la edad de acceso de 55 a 52 años y amplió su duración máxima.
En 2025 lo percibían más de 458.000 personas, frente a las 162.318 de 2005. Fedea estima que en 2030 la cifra superará los 529.000 beneficiarios si no se modifica la normativa.
Según Fedea, el coste en valor presente para la Seguridad Social (por mayores obligaciones en pensiones y cuotas no ingresadas) es de aproximadamente 17.935 millones de euros hasta 2030. El Estado asumirá más de 15.800 millones adicionales en ese período.
La reforma redujo la edad de acceso de 55 a 52 años, flexibilizó las pruebas de renta, extendió la duración del cobro hasta la jubilación ordinaria y elevó la base de cotización al 125% del SMI. Fedea calcula que el 80% de sus efectos ya se han consolidado en 2026.
