A partir del 7 de julio de 2026 entra en vigor en la Unión Europea la segunda fase del Reglamento General de Seguridad (GSR2), basado en el reglamento UE 2019/2144, que obliga a todos los coches nuevos matriculados a incorporar de serie un paquete ampliado de sistemas electrónicos de seguridad. La medida afectará a unos 15 millones de vehículos al año en toda la Unión, entre turismos, furgonetas y comerciales ligeros, con alguna excepción para fabricantes de volúmenes muy reducidos.
Uno de los cambios que más discusión genera entre fabricantes y conductores es la cámara de monitorización del conductor (ADDW), que vigila de forma continua su nivel de atención al volante. A partir de 2029 el sistema tendrá un seguimiento visual todavía más preciso, con el objetivo de reducir los accidentes por distracción o fatiga.
El reglamento obliga también a incluir frenado de emergencia avanzado capaz de detectar peatones y ciclistas (AEB VRU), señal de parada de emergencia que activa intermitentes y luces de freno en frenazos bruscos (ESS), y un sistema de mantenimiento activo de carril (ELKS). A eso se suma una especie de «caja negra» o registrador de datos del vehículo (EDR), que graba información antes, durante y después de un accidente para facilitar las investigaciones. Los coches nuevos deberán llevar también la infraestructura preparada para futuros alcoholímetros integrados capaces de bloquear el motor si detectan alcohol, aunque este dispositivo todavía no será obligatorio.
El impacto en el bolsillo dependerá del modelo: las estimaciones hablan de subidas de entre el 5 % y el 10 % en el precio final, y serán los utilitarios y coches de ciudad, con equipamiento de serie más básico, los que más noten el encarecimiento, mientras que compactos y medianos, que ya incorporan buena parte de estos sistemas en versiones superiores, subirán menos. La subida llega en un momento en que el parque automovilístico español ya arrastra un problema de renovación, con los coches de más de 15 años liderando las ventas pese a los planes de renovación del Gobierno.
Para quien busque esquivar la subida, el mercado de segunda mano se perfila como alternativa: los coches usados de 2024 o 2025, con un paquete de seguridad similar al que ahora se generaliza, pueden costar entre un 15 % y un 25 % menos que sus equivalentes nuevos. Una tendencia que puede reforzarse a medida que suben las exigencias técnicas, en un contexto donde la ITV se ha convertido también en un filtro económico más para los conductores.
El 7 de julio de 2026, fecha a partir de la cual todos los coches nuevos matriculados en la UE deben incorporar el paquete ampliado de sistemas de seguridad del GSR2.
Entre un 5 % y un 10 % según el segmento, con mayor impacto en utilitarios y coches de ciudad que en compactos y medianos.
Cámara de monitorización del conductor, frenado de emergencia avanzado para peatones y ciclistas, señal de parada de emergencia, mantenimiento activo de carril y registrador de datos del vehículo, entre otros.
Todavía no, pero los coches nuevos deberán incorporar de serie la infraestructura técnica necesaria para instalarlo en el futuro.
Comprando un coche de segunda mano de 2024 o 2025 con un paquete de seguridad similar, que puede costar entre un 15 % y un 25 % menos que su equivalente nuevo.
