El Pleno del Congreso ha aceptado tramitar una proposición de ley del PSOE que considera la detención o el estacionamiento en espacios reservados para personas con discapacidad como una infracción muy grave. Esta nueva categorización conllevaría una multa de 500 euros, que se reduciría a 250 si se paga en un plazo de 20 días. La iniciativa, que asumirá el apoyo de varios grupos como Sumar y PNV, busca garantizar un mejor uso de las plazas reservadas, dado que actualmente las sanciones actuales no han sido efectivas para disuadir el mal uso de estos espacios.

Aunque muchos reconocen la necesidad de la propuesta, también surge un debate sobre su suficiencia. Críticas como la del PP señalan que, sin medidas de prevención y concienciación adecuadas, el endurecimiento de las multas no será suficiente. Desde otras formaciones, como Vox, se subraya la insolidaridad de ocupar estas plazas, mientras que representante de Sumar y Coalición Canaria abogan por que los ingresos de las multas se destinen a mejorar la accesibilidad universal. En medio de este debate, persiste la preocupación por la escasez de plazas reservadas y la necesidad de mejorar la coordinación y el control en su uso.

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