Sin abstenciones ni votos en contra, el Congreso mexicano ha aprobado con un consenso arrollador la reforma al artículo 21 de la Constitución en materia de Seguridad, un cambio que redefine el papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esta reforma, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y rápidamente aprobada también por el Senado, otorga amplias competencias a la dependencia encabezada por Omar García Harfuch. Bajo el nuevo marco, la SSPC será responsable de dirigir y coordinar la estrategia nacional de seguridad pública y el Sistema Nacional de Inteligencia. Además, la SSPC tendrá autoridad para investigar delitos en conjunto con el Ministerio Público y la Guardia Nacional, así como coordinar a todos los niveles de gobierno en México, con el poder adicional de fiscalizar los recursos federales destinados a los estados.
El proyecto ha sido recibido de manera positiva por la mayoría de los partidos políticos, quienes consideran estas medidas «necesarias» y «urgentes» ante la creciente ola de violencia en el país. Sin embargo, algunos legisladores de Movimiento Ciudadano expresaron dudas sobre la implementación de las reformas, cuestionando la capacidad de la SSPC para ejecutar estas nuevas atribuciones debido a la carencia de una estrategia clara de seguridad. Este cambio marca una ruptura con la estrategia de seguridad previa de «abrazos no balazos» del gobierno de AMLO, al proporcionar a Harfuch, un colaborador cercano de Sheinbaum, un poder significativo en la gestión de la seguridad pública. A medida que el país enfrenta una crisis de violencia con ataques recientes y guerras entre cárteles, la implementación de estas reformas se presenta como un desafío crucial para el nuevo gobierno. A principios de 2025, la SSPC también deberá finalizar su reforma interna y establecer nuevas subsecretarías, enfocándose particularmente en la investigación e inteligencia policial.
Leer noticia completa en El Pais.
