En el camino hacia las elecciones del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo enfrenta una campaña electoral cargada de obstáculos. El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura se ve envuelto en serias acusaciones que minan su credibilidad. Procesado por supuestas irregularidades en la contratación del hermano de Pedro Sánchez y acusado de haberse aforado tras convertirse en diputado, Gallardo defiende su inocencia mientras busca reconectar con el electorado, especialmente el femenino, afectado por la gestión del «caso Salazar». Las encuestas le auguran el peor resultado histórico para los socialistas en esta comunidad, en un contexto donde el temor a Vox y las alianzas del PP complican aún más su camino electoral.
A pesar de las adversidades, Gallardo sigue una estrategia centrada en destacar su perfil de gestor experimentado, evitando las polémicas nacionales y el recurso al miedo contra la ultraderecha. Con el apoyo de su partido, que cuenta con una notable fuerza local en Extremadura, el candidato socialista intenta disipar las acusaciones en su contra y promover su alternativa de gobierno frente a María Guardiola, del PP, a quien tacha de seguidora del «modelo Ayuso». Reconociendo errores pasados, como la percepción de su aforamiento, Gallardo mantiene su mensaje de gobernar para todos, recurriendo al apoyo de figuras nacionales del PSOE como Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, y apostando por un enfoque pragmático y menos personalista en una campaña electoral repleta de desafíos. A pesar de los pronósticos, confía en obtener un buen resultado y declara que «nada está escrito», expresando su determinación de ganar.
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