El inicio de año ha evidenciado la profunda crisis que atraviesa el sector agrícola y ganadero en España, agravada por una serie de desafíos estructurales y políticos. La reducción del Presupuesto Agrario Común (PAC), los incrementos en los costes de producción y la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur han generado una etapa de incertidumbre y movilizaciones en el campo, programadas para los próximos días 26 y 30 de enero.
El sector, que aún lucha por consolidar un relevo generacional efectivo, se enfrenta a un escenario que pone en jaque su sostenibilidad a largo plazo. La falta de rentabilidad, sumada a las dificultades para acceder a recursos básicos y a mercados que no garantizan ingresos dignos, ha llevado a las organizaciones agrícolas a exigir cambios profundos en las políticas públicas.
Recientemente, el presidente Pedro Sánchez anunció un paquete de medidas destinadas a frenar esta hemorrágia: una de las principales acciones fue la puesta a disposición de 17.000 fincas rústicas propiedad del Estado, que serán evaluadas para facilitar que los jóvenes agricultores puedan adquirirlas. Aunque la iniciativa ha recibido con cierto optimismo a los agricultores, aún prevalecen dudas sobre las características y condiciones de esas tierras, especialmente en cuanto a su fertilidad y utilidad productiva.
Además, se propuso destinar un 10% del aún no aprobado presupuesto de la PAC a promover el relevo generacional en el campo. Sin embargo, las organizaciones del sector contemplan estas propuestas con cierta cautela. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha manifestado que estas medidas, aunque positivas, resultan insuficientes si no van acompañadas de políticas que aborden la rentabilidad del sector, los precios justos y la protección en las fronteras frente a competencia desleal.
Desde la perspectiva de los agricultores, uno de los mayores obstáculos para que las nuevas generaciones permanezcan en el campo radica en la complejidad del acceso a la tierra y a recursos como el agua, fundamentales para la rentabilidad agrícola. En ese sentido, diferentes actores del sector han solicitado la creación de bancos públicos de tierras y de recursos hídricos, una iniciativa en la que el Ministerio de Agricultura asegura estar trabajando. La intención es lanzar el proyecto antes del verano, en coordinación con las comunidades autónomas, para asegurar un acceso más equitativo y sostenible.
El debate también gira en torno a la distribución de fondos y la prioridad que debe dársele a los jóvenes y mujeres rurales en la futura ley de agricultura y ganadería familiar. La propuesta busca que tengan un trato preferencial en el acceso a las tierras y recursos, con el objetivo de garantizar un nivel de vida digno y rentable para quienes eligen el campo como su oficio.
Las distintas voces del sector muestran opiniones divididas respecto a las medidas anunciadas. La Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) advierte que la utilización del 10% del presupuesto de la PAC podría ser insuficiente o incluso trampa si no se asegura una redistribución justa y efectiva. Por su parte, la Unión de Uniones argumenta que la raíz del problema radica en la rentabilidad, y que sin un mercado que funcione óptimamente y políticas que protejan a los productores, el relevo generacional seguirá siendo una meta difícil de alcanzar.
En definitiva, la situación del sector agrícola y ganadero en España refleja una problemática compleja que requiere decisiones valientes, inversión sostenida y una estrategia integral. La esperanza de que las nuevas políticas puedan revertir la tendencia depende en buena medida de la implementación efectiva de estas medidas y del compromiso conjunto de todos los actores involucrados. Mientras tanto, la movilización y el reclamo social continúan al frente de una lucha por la supervivencia y el futuro del campo español.
