En 2016, las leyes LGTBI+ en Madrid fueron aprobadas bajo el liderazgo del Partido Popular, con Cristina Cifuentes al frente, y con el apoyo de Isabel Díaz Ayuso, quien en ese momento era diputada. Estas leyes se crearon para combatir la discriminación contra el colectivo LGTBI+ y apoyar a personas trans e intersex. Sin embargo, hacia finales de 2023, Ayuso propuso un recorte significativo de esta legislación ahora desde su rol como presidenta regional con mayoría absoluta. Mónica Lavín, portavoz de Familia y Asuntos Sociales, defendió la iniciativa de modificar los derechos otorgados, lo que generó controversia y división interna, especialmente tras la salida de «Los Pocholos», un grupo de jóvenes políticos bajo la influencia de Antonio Castillo Algarra, conocido por su postura LGTBIfóbica.
La reforma promovida por Ayuso suscitó un fuerte debate, ya que proponía revertir avances como el derecho a la autodeterminación de género y otras protecciones para personas trans. Esto provocó un enfrentamiento con diputados de oposición, particularmente Más Madrid, quienes señalaron la influencia de «Los Pocholos». La reforma de la ley contra la LGTBIfobia también fue judicializada por el Gobierno central, llevándola al Tribunal Constitucional que falló en su contra, obligando al PP de Madrid a moderar su propuesta. La influencia del «pocholismo» en decisiones políticas ha suscitado críticas sobre el poder de influencias internas en la formulación de leyes, cuestionando hasta qué punto Ayuso ha sido influida por sus asesores en detrimento de las leyes que originalmente apoyó.
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