La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha iniciado una nueva batalla legal al presentar una demanda contra la Consumer Product Safety Council (CPSC), buscando asegurar que el público tenga acceso total a las leyes que influyen en sus vidas diarias. La acción legal fue llevada a cabo en nombre de Public.Resource.Org, una organización sin fines de lucro fundada por Carl Malamud, quien ha sido un firme defensor del acceso público a registros oficiales.
Public.Resource.Org se dedica a recopilar y poner en línea una diversidad de documentos públicos, desde declaraciones de impuestos y videos gubernamentales hasta normas federales que regulan la seguridad y el diseño de productos. Estas normas son desarrolladas inicialmente por grupos de estándares privados y luego integradas a la legislación nacional. El problema surge cuando estas normativas resultan ser inaccesibles para el ciudadano común, impidiendo su consulta y discusión.
En un esfuerzo conjunto con la Clínica de Ciberlegal de la Universidad de Harvard, Public.Resource ha estado solicitando en base a la Ley de Libertad de Información copias de los códigos de seguridad de productos destinados a la infancia. Sin embargo, la respuesta negativa de la CPSC, que alega la protección de derechos de autor mantenida por las asociaciones privadas que originalmente crearon estas normas, ha sido un obstáculo significativo. Esta situación se puede comparar con una hipotética en la que el redactor de una nueva ley fiscal tuviera el control sobre quién puede leer o compartir la legislación una vez en vigor.
Algunos tribunales, como el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, han concluido que los códigos de seguridad pierden cualquier protección de derechos de autor al ser incorporados a la legislación. Sin embargo, otros fallos, como el del Circuito de D.C., han mantenido que aunque las normativas pierdan esa protección, su acceso y distribución en línea pueden considerarse un uso justo y legal.
Este nuevo movimiento de la EFF, en alianza con la Clínica de Ciberlegal, busca que el juez determine que los derechos de autor no deben entorpecer el acceso y la libre distribución de las normas que salvaguardan nuestro entorno y los productos que usamos cada día. En un contexto donde los ataques al estado de derecho son cada vez más frecuentes en el país, resguardar nuestro derecho a conocer y debatir las leyes sin restricciones se ha convertido en una misión urgente y fundamental.
