El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha concretado la cancelación de las licencias que permitían a la petrolera Chevron operar en Venezuela. Esta decisión, que fue adelantada por Trump en su red social Truth, significa que Chevron deberá cesar gradualmente sus actividades en el país sudamericano, con un plazo límite fijado para el 3 de abril. Hasta entonces, solo se permitirán ciertas transacciones, dejando de lado el pago de impuestos y regalías a PDVSA. La medida ha sido recibida con cautela por el Gobierno de Nicolás Maduro, que atribuye esta acción a la presión de sectores de la oposición venezolana. Maduro señala que la decisión impactará más a Chevron que a Venezuela, como parte de un complejo entramado de sanciones y restricciones comerciales.
El comunicado emitido por el Gobierno venezolano acusa a la oposición de haber influido en la decisión de la administración Trump, resaltando que se trata de un extremismo que ha dejado a Chevron fuera del país. Además, ello ocurre en un contexto donde la oposición busca aplicar presión internacional sobre el chavismo, un enfoque que ha sido polémico y que alimenta las tensiones políticas internas. La salida de Chevron, que había contribuido a la reactivación de la industria petrolera venezolana tras años de deterioro, plantea un futuro económico incierto y una posible escalada inflacionaria. Ante este panorama, Maduro ha anunciado el «Plan Independencia Productiva Absoluta», que busca mitigar los efectos económicos adversos. Se mantiene la expectativa sobre cómo se desarrollarán las relaciones económicas internacionales de Venezuela, especialmente con otras empresas afectadas por las restricciones de Washington.
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