En el juicio llevado a cabo en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha solicitado una condena de 26 años de prisión para Aitor Aguirrebarrena y Asier Arzalluz. Ambos están acusados de actuar como cooperadores necesarios en un atentado cometido en el año 2000. La sesión judicial se centra en esclarecer el grado de participación de los imputados en el atentado, determinando si su colaboración fue esencial para la ejecución del mismo. Las pruebas presentadas y los testimonios escuchados en la audiencia apuntan a una colaboración activa y consciente de los acusados con los ejecutores del ataque.
Durante las audiencias, se han escuchado múltiples testigos y se han revisado pruebas documentales que vinculan a Aguirrebarrena y Arzalluz con los hechos. La defensa, por su parte, argumenta que la participación de sus clientes en el atentado no justifica la dureza de la pena solicitada, insistiendo en la falta de evidencias concluyentes que confirmen su implicación directa. El juicio, que ha capturado la atención tanto de medios como del público, pone de manifiesto la complejidad de procesar judicialmente casos de terrorismo, años después de que hayan tenido lugar, y la dificultad de obtener pruebas contundentes que permitan esclarecer las responsabilidades individuales con el paso del tiempo.
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