La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal vinculada a la operación “Vicentius”, en la que se ha investigado a un total de doce personas por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos. La mayoría de los acusados, ocho hombres y cuatro mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 75 años, residían en diferentes regiones del país, conformando una red con ramificaciones internacionales.
El motivo de la investigación se originó a partir de la denuncia de una víctima que sufrió unas pérdidas económicas de aproximadamente 432.000 euros en criptoactivos. La víctima, que fue contactada inicialmente por supuestos asesores financieros a través de plataformas digitales, fue persuadida para realizar una inversión inicial con promesas de beneficios elevados y continuos. Sin embargo, poco después, comenzó a detectar movimientos bancarios desconocidos y dificultades para recuperar sus fondos, lo que motivó que acudiera a las autoridades.
La investigación reveló cómo los delincuentes utilizaron aplicaciones de control remoto, específicamente “AnyDesk”, para acceder a dispositivos electrónicos de la perjudicada bajo un pretexto de asistencia técnica. Una vez que lograron tomar control de sus ordenadores y teléfonos móviles, accedieron a sus datos bancarios y credenciales, permitiendo a los responsables vaciar completamente sus cuentas. También aprovecharon la información personal y bancaria para solicitar en su nombre préstamos bancarios por un valor de 10.450 euros, una acción que elevó la estafa total a aproximadamente 442.650 euros.
Además, la trama se valió de la figura de las “mulas bancarias”: individuos que actúan como intermediarios, usando sus propias cuentas para recibir los fondos ilícitos, moverlos, fragmentarlos y transferirlos a otros países. La estrategia era encadenar operaciones en diversas cuentas, tanto nacionales como extranjeras, e incluso convertir fondos en criptomonedas para dificultar la trazabilidad. Gracias a la rastreo de 42 transferencias, la Guardia Civil pudo seguir el rastro del dinero hasta países como Dinamarca, Lituania, Reino Unido y China, desenmascarando así una organización con estructura internacional y ramificaciones en Europa y Asia.
Este entramado técnico y psicológico permitió a los delincuentes no solo sustraer el dinero, sino también utilizar la identidad de las víctimas para solicitar préstamos y otros servicios financieros, incrementando así su perjuicio económico y complicando las labores de investigación.
Por el momento, la investigación continúa abierta en busca de determinar el destino final de los fondos y proceder a su posible recuperación. La Guardia Civil recuerda a los afectados por este tipo de delitos que pueden presentar denuncias de forma telemática, sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas oficiales, a través de la Sede Electrónica de la institución, facilitando así la denuncia y el acceso a otros procedimientos penales y administrativos relacionados.
Esta operación evidencia la importancia de la vigilantización frente a esquemas de inversión fraudulentos y el uso consciente de plataformas digitales para denunciar actividades ilícitas en un contexto donde las amenazas cibernéticas y las estafas virtuales continúan en aumento.
Fuente: Ministerio del Interior
