En un ambicioso esfuerzo por consolidar y modernizar el sistema judicial de la Comunidad de Madrid, se ha presentado un proyecto que promete revolucionar la gestión de la justicia en la región. Con una inversión de más de 653 millones de euros, este plan busca centralizar los 378 órganos jurisdiccionales actualmente dispersos, en un complejo que incrementará su espacio en un 60% y ofrecerá un ahorro anual de 80 millones de euros para las arcas públicas.
Este proyecto, que estará completado para el primer trimestre de 2029, ocupará más de 470.000 metros cuadrados, proporcionando un 30% de espacio adicional para responder al crecimiento judicial durante los próximos 40 años. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado que esta obra simboliza una región moderna, con instituciones robustas y alineadas con los principios de una democracia liberal.
El complejo, al que accederán diariamente cerca de 33.000 personas, contará con medidas de seguridad y privacidad diseñadas para evitar encuentros potencialmente conflictivos entre víctimas, jueces, policías y acusados. La Plaza de la Justicia, comparable en dimensiones a la emblemática Puerta del Sol, será el acceso principal, conectando con una avenida central flanqueada por cuatro edificios prismáticos que albergarán diversas funciones judiciales y administrativas.
Este desarrollo no solo busca eficiencia funcional sino también sostenibilidad ambiental. Los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial ya han obtenido dos certificados de sostenibilidad, incluyendo el Sello Verde del Green Building Council España. Este reconocimiento asegura que el consumo energético es un 10% inferior al estándar establecido por el NZEB (Nearly Zero Energy Building), cumpliendo así con los máximos criterios de eficiencia energética.
En términos de mano de obra, se estima que cerca de 3.000 trabajadores participarán en el proyecto, generando aproximadamente 6,3 millones de horas de trabajo. Las obras requerirán la movilización de más de 1,8 millones de toneladas de tierra y la utilización de maquinaria pesada y materiales como hormigón y acero.
Paralelamente, la Comunidad de Madrid está dedicando 830 millones de euros a mejorar el 90% de los órganos judiciales en otras localidades como Móstoles, Valdemoro y Leganés, entre otras. También se planea la expansión de infraestructuras en Getafe y Arganda del Rey, además de la construcción de nuevas instalaciones en Pozuelo de Alarcón.
Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid se posiciona a la vanguardia en la modernización de su sistema judicial, combinando eficiencia operativa con principios de sostenibilidad ambiental, reflejando así una visión contemporánea de la justicia en una sociedad avanzada.
