En un contexto económico complejo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado al alza la inflación de septiembre de 2025, estableciéndola en un 3% interanual. Este incremento, el más alto desde febrero, sitúa a España entre los países de la Unión Europea con mayores alzas de precios. La subida se debe principalmente al encarecimiento de la electricidad, carburantes y alimentos no elaborados, productos de consumo diario, lo que resulta en un contexto preocupante para muchos ciudadanos, especialmente para el sector educativo.

El profesorado español, cuyos salarios llevan congelados varias legislaturas, experimenta una constante pérdida de poder adquisitivo. Desde 2010, los salarios reales de los docentes han disminuido progresivamente, acumulando en los últimos cinco años una merma cercana a los 10 puntos porcentuales. Un pacto salarial previo, firmado por otras organizaciones sindicales para el periodo 2022-2024, no logró mitigar el impacto de la inflación en los salarios docentes, agudizando la situación frente a otros colectivos que sí han visto ajustadas sus remuneraciones conforme a la inflación.

ANPE, el sindicato de docentes de la enseñanza pública, ha levantado la voz para exigir justicia económica para los educadores. «No pedimos privilegios, pedimos justicia», señalan, subrayando la necesidad de que las políticas de Gobierno que actualizan pensiones o incrementan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) también incluyan ajustes para quienes sustentan la educación pública en el país.

La situación se ve aún más complicada por la negativa del Ejecutivo a deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), decisión que afecta notablemente a las clases medias, grupo en el que se encuentra el profesorado. Ajustar las tablas del IRPF conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) acumulado es vital, sostienen desde ANPE, para proteger la economía de los educadores y garantizar su estabilidad y capacidad de consumo.

El sindicato ha presentado una serie de exigencias claras al Gobierno. Entre ellas, una subida salarial inmediata superior al 5%, el establecimiento de un plan plurianual de recuperación salarial, y una cláusula de revalorización automática ligada al IPC. Además, la deflactación del IRPF aparece como una medida necesaria para aliviar la carga impositiva de los docentes.

Desde ANPE, aseguran que mientras los precios continúan en ascenso, los docentes, que constituyen gran parte de la clase media y son el pilar de la educación pública, ven cómo su poder adquisitivo se erosiona año tras año. La demanda es contundente: salarios dignos, actualización fiscal y una verdadera recuperación económica para quienes educan a las futuras generaciones del país.

Nota de prensa de ANPE.