En un hito sin precedentes para la justicia española, la Comunidad de Madrid ha formalizado un convenio a largo plazo con los principales colegios profesionales del ámbito jurídico, marcando un antes y un después en la colaboración entre la Administración Pública y el sector legal. El histórico acuerdo fue firmado en la Real Casa de Postas en un acto presidido por la jefa del Ejecutivo autonómico junto a los decanos de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Madrid, de Alcalá de Henares y de Procuradores de Madrid.
El documento establece diversas iniciativas destinadas a mejorar el acceso a la justicia y optimizar el sector. Incluye un aumento lineal de los baremos, comenzando con un incremento del 4% este año y continuando con un aumento del 3% anual de 2025 a 2027. Además, se han introducido once nuevos baremos para distintas actuaciones profesionales y se ha reforzado el respaldo económico para las guardias especiales. En términos de modernización, el convenio impulsa la digitalización para mejorar la comunicación entre los ciudadanos, profesionales y la administración de justicia.
El pasado año, la asistencia jurídica gratuita benefició a 85.884 personas, una cifra que representa un crecimiento del 4,4% respecto al año anterior. Los expedientes más comunes estuvieron relacionados con el ámbito Penal (60%), seguidos del Civil (24%), el Contencioso Administrativo (8%) y el Social (7%).
En un esfuerzo por asegurar la igualdad en el acceso a la justicia, la presidenta madrileña destacó la implementación del servicio público gratuito de facilitadores judiciales en Madrid, el primero de su tipo en España, diseñado para asistir a personas con discapacidades en procesos legales. Asimismo, Madrid es la única comunidad autónoma que ofrece un Servicio de Representación Procesal gratuito, garantizando la presencia de un procurador para las víctimas de violencia contra las mujeres y delitos de odio.
La región planea una inversión notable de 830 millones de euros en iniciativas relacionadas con la justicia, con la ambiciosa Ciudad de la Justicia como su proyecto estrella, que contará con una inversión de 653 millones para convertirse en el complejo judicial más grande, accesible y sostenible del mundo.
Además, desde 2019 se ha avanzado significativamente en la infraestructura judicial, con la inauguración de nuevos palacios de justicia en diversos municipios y planes para nuevas construcciones y ampliaciones en otros. Este esfuerzo no se limita a los edificios; también se ha ampliado la fuerza laboral con 1.350 funcionarios interinos, junto con mejoras en las condiciones laborales para más de 7.200 trabajadores del sector, fruto de un acuerdo con todos los sindicatos involucrados.
Con estas iniciativas, la Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con la tutela judicial efectiva, adaptándose a las demandas del siglo XXI y asegurando un sistema judicial más equitativo y eficiente.
