El pasado 6 de diciembre, un coche bomba estalló frente a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, resultando en al menos cinco víctimas mortales y varios heridos, entre ellos menores de edad. Según informó el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, el artefacto fue detonado a distancia, y las autoridades trabajan para identificar a los responsables del ataque. Este incidente ocurrió durante el despliegue de un nuevo plan de pacificación en la región, impulsado tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el mes anterior. El fiscal señaló al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el posible grupo involucrado, atribuyendo el ataque a la fricción existente en la zona entre el CJNG y las fuerzas policíacas locales.

El CJNG ha consolidado su presencia en esta región de Michoacán, donde se disputan un territorio valioso por sus plantaciones de plátano y su proximidad a la mina de Aquila, en Colima. La explosión, que ocurrió en la avenida Rayón del centro de Coahuayana, no solo cobró vidas sino que también dejó daños materiales en el centro médico y propiedades cercanas. Las investigaciones revelaron que la camioneta utilizada para la explosión había sido vendida en Colima, desde donde se desplazó hacia Michoacán. Este episodio subraya la grave situación de inseguridad en el estado y ha despertado un fuerte descontento entre los ciudadanos, quienes demandan una mayor acción gubernamental. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo de seguridad han reafirmado el compromiso del gobierno federal de enfrentar el crimen organizado en Michoacán.

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