La Tesorería de la Seguridad Social ha comunicado a varios inquilinos que residen en propiedades bajo su gestión que deberán desalojar sus viviendas antes del 31 de julio. Estas viviendas, asignadas bajo un régimen de alquiler, son ocupadas por familias que en muchos casos llevan años residiendo en estos inmuebles. La notificación ha causado preocupación entre los afectados, quienes han expresado su incertidumbre sobre su futuro próximo, ya que deben encontrar alternativas habitacionales en un corto periodo de tiempo.
La decisión se enmarca en un proceso de reestructuración de bienes inmuebles por parte de la Seguridad Social, que busca optimizar el uso de su patrimonio. Esta situación ha generado un debate sobre la gestión del parque de viviendas públicas, especialmente en un contexto de escasez de alquileres accesibles. Asociaciones de vecinos y representantes sociales están solicitando más tiempo y apoyo para los afectados, mientras se exploran posibles soluciones para mitigar el impacto de los desalojos en estas familias.
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