Amaya Matos, docente de Biología con 16 años de experiencia, ejerce también como coordinadora de bienestar en el IES Guadarrama desde hace tres cursos. Esta figura, creada por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), busca prevenir y gestionar situaciones de violencia en los centros educativos. Sin embargo, tras tres años de implantación, tanto docentes como organizaciones sociales señalan su despliegue como insuficiente, principalmente por la falta de tiempo, formación y compensación económica, así como por la ausencia de estándares comunes a nivel nacional. Según un estudio de la ONG Educo, los coordinadores de bienestar enfrentan una extensa carga laboral, sumando estas responsabilidades a sus tareas docentes habituales.
La regulación de este rol varía entre comunidades autónomas, generando desigualdades en la protección infantil. Algunas regiones como Andalucía, Aragón y Galicia han desarrollado normativas específicas, mientras que otras, como Castilla y León, carecen de regulación. Además, la formación de los coordinadores sigue siendo básica, y la retribución por estas funciones es mínima, limitada a pocas comunidades. Expertos y organizaciones como UNICEF destacan la necesidad de más tiempo y recursos para los coordinadores, cuyo papel preventivo es crítico. Sin embargo, la ausencia de armonización y suficiencia de recursos pone en riesgo el cumplimiento efectivo del derecho a la protección de los menores, dependiente ahora del lugar donde residan.
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