En un anuncio considerado histórico, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, reveló un incremento del salario mínimo, el primero de tal magnitud en la última década, que entrará en vigor el 1 de mayo. A pesar de que evitó especificar el monto exacto del aumento, calificado como «responsable», Rodríguez intentó calmar el descontento social creciente, exacerbado por la falta de mejoras económicas esperadas tras la intervención estadounidense en enero pasado. Con miles de ciudadanos listos para marchar en Caracas exigiendo mejores condiciones económicas, Rodríguez reiteró su compromiso con el «espíritu de justicia social» defendido por el fallecido presidente Hugo Chávez. Por primera vez, la mandataria admitió la responsabilidad de su régimen en la crisis económica y humanitaria del país, asociada principalmente a la hiperinflación, el desabastecimiento y la emigración masiva de venezolanos, que reconoció como «inducida» y consecuencia, según su parecer, del «bloqueo económico».
Adicionalmente, Rodríguez anunció la creación de la Comisión Presidencial para el Diálogo Laboral, promoviendo un cambio en la dinámica sindical, a la cual Maduro aspiraba con la «constituyente sindical». También presentó la Ley Orgánica para la Eliminación y Mejora de Trámites Administrativos, buscando mitigar la complejidad burocrática del país y fomentar un nuevo modelo tributario. Criticó abiertamente los planes de privatización de PDVSA propuestos por María Corina Machado, reafirmando su posición de proteger los activos estatales. Durante su discurso, Rodríguez, quien se distancia del estilo oratorio de sus predecesores, subrayó los avances económicos recientes, la revitalización del sector privado y la implementación de subsidios a servicios públicos, todo encaminado a mejorar la calidad de vida de la población y abordar las desigualdades sociales pendientes.
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