El Gobierno de Colombia ha declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por un periodo de 30 días, según el decreto 150 de 2026. La medida permite al Ejecutivo tomar decisiones sin pasar por el Congreso para enfrentar la crisis provocada por las severas inundaciones que han impactado parte del Caribe y el noroeste del país. Con más de 154,000 personas afectadas, siete muertes registradas y casi 50,000 viviendas dañadas, el Gobierno liderado por Gustavo Petro busca así facilitar la realocación de presupuestos para atender la emergencia y considerar potenciales pagos extraordinarios a familias en situación de pobreza en las zonas afectadas.
Esta declaración se distingue de la emergencia nacional decretada en diciembre pasado, la cual fue suspendida por la Corte Constitucional debido a la falta de argumentos suficientes respecto a la desfinanciación del presupuesto por 16 billones de pesos. En esta ocasión, el Gobierno enfatiza la naturaleza inesperada del fenómeno climático, con lluvias inusuales causadas por un frente frío. El decreto abre también la posibilidad de introducir una reforma tributaria temporal, permitiendo que se decreten impuestos con el fin de colectar alrededor de 8 billones de pesos para financiar la atención y recuperación de las áreas afectadas. Los impuestos, que pueden extenderse a lo largo de 2026, buscan ser una solución transitoria mientras se trabaja en la rehabilitación de la infraestructura dañada.
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