Este martes, en una jornada marcada por bloqueos y protestas, las calles del País Vasco y Navarra vivieron la intensidad de una huelga general convocada por sindicatos nacionalistas en demanda de mayores competencias para establecer un salario mínimo propio. La movilización, que reunió a decenas de miles de trabajadores, se inició con manifestaciones en varias carreteras, donde neumáticos quemados obstaculizaron el paso en accesos a ciudades clave como Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Elorrio y Andoain. La Ertzaintza reportó retenciones que alcanzaron los siete kilómetros, debido a cortes de tráfico en importantes vías, además de incidentes en Pamplona con restricciones en la PA-30 y la A-15.
Las protestas no se limitaron a las calles, sino que también afectaron las inmediaciones de centros educativos y complejos industriales. En Leioa, en las cercanías del campus de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), el acceso quedó bloqueado durante horas, mientras que en el polígono de Sarrikola, en Larrabetzu, las fuerzas policiales abrieron diligencias por desórdenes públicos tras un piquete que impidió el ingreso a una planta industrial. Por su parte, en Hernani, se registraron paros en segmentos de la línea ferroviaria, producto de la quema de neumáticos en las vías, y en Amurrio, la circulación de trenes quedó interrumpida por sabotajes en la catenaria.
El núcleo de la convocatoria, liderada por los sindicatos ELA y LAB, y respaldada por organizaciones como Steilas, Hiru y Etxalde, fue la reivindicación de un salario mínimo de 1.500 euros mensuales en 14 pagas, un objetivo que buscan alcanzar mediante un SMI propio. Bajo el lema “Decidir aquí el sueldo mínimo”, los sindicatos insisten en que las competencias sobre salario mínimo deben ser transferidas a los gobiernos autonómicos, argumentando que esto permitiría mejorar la situación de los aproximadamente 307.000 trabajadores vascos que actualmente perciben ingresos por debajo de esa cifra. La iniciativa busca además elevar el SMI al 60% del salario medio regional, en línea con las recomendaciones internacionales.
No obstante, la propuesta de un SMI negociado directamente desde País Vasco y Navarra ha sido rechazada por la patronal y los gobiernos autonómicos, que en sus respectivos parlamentos bloquearon las iniciativas legislativas populares presentadas por actores sociales. Seguidamente, colectivos como CNT, CGT, Solidari y EHKS se sumaron a la huelga, convocando movilizaciones y piquetes en diferentes puntos.
En las primeras horas, la respuesta de los sectores productivos fue masiva, con un seguimiento importante en Navarra y en sectores industriales donde muchas plantas paralizaron su actividad. En servicios privados, comercios y cocinas escolares cerraron sus puertas, y servicios de limpieza y subcontratas apoyaron la medida. El sector público también se vio profundamente afectado: varias líneas de transporte suspendieron sus servicios y en distintas localidades la actividad administrativa se redujo prácticamente a cero. La injerencia en la educación fue significativa, con más de la mitad del personal docentes en huelga, además del cierre de muchas cocinas y un alto porcentaje de paro en educación especial y universitaria.
Desde las organizaciones convocantes destacan que, a pesar de la represión y la imposición de servicios mínimos excesivos, el respaldo a la huelga ha sido notable, evidenciado en la participación del sector industrial y en los servicios esenciales. La jornada reafirma las demandas de un mayor control sobre las políticas laborales en la región, expresando una resistencia activa frente a la política centralista y mostrando una voluntad clara de autogestión en la fijación de niveles salariales.
La polarización política sigue presente, ya que las propuestas de un SMI propio para Euskadi y Navarra continúan enfrentadas a las resistencias de las instituciones de Madrid, que consideran necesarias las regulaciones nacionales. Mientras tanto, la movilización de hoy refleja la creciente insatisfacción de numerosos trabajadores que buscan cambios estructurales en la regulación de salarios, en un contexto donde los desafíos económicos y sociales siguen en aumento.
