El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha iniciado la tramitación del proyecto de Real Decreto destinado a regular el etiquetado accesible de productos de consumo. Esta medida, lanzada a audiencia pública, constituye un paso decisivo antes de su aprobación definitiva. La Dirección General de Consumo y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad han colaborado en la elaboración de esta norma, que estará en fase de audiencia hasta el 15 de septiembre. Durante este periodo, los interesados pueden presentar sus opiniones y sugerencias.
La propuesta de Real Decreto tiene como objetivo implantar un etiquetado en braille y otros formatos que aseguren la accesibilidad universal de productos de especial importancia para la seguridad, la integridad y la calidad de vida. Este cambio beneficiará particularmente a las personas ciegas y con discapacidad visual, así como a consumidores vulnerables, quienes podrán acceder a información básica como denominaciones de productos, categorías y advertencias de peligro.
Estos productos de relevancia están definidos por los criterios de la Unión Europea, que incluyen sustancias peligrosas como carcinógenas y mutágenas, sensibilizantes respiratorios, biocidas, fitosanitarios, alérgenos y cosméticos. Hoy en día, esta información se presenta principalmente en formato visual. Sin embargo, con la nueva regulación, será accesible también para personas ciegas o con discapacidad visual.
Además del formato braille, la norma permite el uso de nuevas tecnologías como los códigos QR y otras aplicaciones digitales para mejorar la accesibilidad. Esta apertura a múltiples formatos busca aprovechar el potencial de la transformación digital para facilitar el consumo accesible.
El Real Decreto también incluye un régimen transitorio. Los productos etiquetados antes de la entrada en vigor de la norma podrán seguir vendiéndose durante seis meses adicionales. Las empresas que tengan envases inadaptados más allá de este plazo deberán agregar etiquetas adhesivas o sistemas equivalentes para cumplir con las nuevas exigencias.
En España, 4.300.000 personas tienen algún tipo de discapacidad, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020) del Instituto Nacional de Estadística. De estos, más de 218.000 tienen la discapacidad visual como su principal limitación, según el IMSERSO. Por lo tanto, estas personas enfrentan problemas de accesibilidad en diversas situaciones de consumo.
El proyecto cumple con la disposición de la Ley 4/2022 de protección a consumidores vulnerables y contribuye a los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia de España. Esta iniciativa marca un hito en la Unión Europea, destacándose por su enfoque pionero en la accesibilidad de productos de consumo.
Fuente: Ministerio de Consumo