El Ministerio de Consumo ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión en España, informándoles sobre la obligatoriedad de prorrogar los contratos de alquiler que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, si así lo solicitan los inquilinos. Esta medida es parte de un real decreto ley aprobado recientemente en el Consejo de Ministros, el cual busca mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo en el sector inmobiliario. Además de la prórroga, el decreto estipula la congelación de la renta y un tope del 2% a las actualizaciones anuales durante la vigencia del contrato. Las inmobiliarias afectadas gestionan más de 100,000 viviendas de alquiler en el país, por lo que se les ha instado a aplicar la norma diligentemente para proteger el derecho de renovación de los inquilinos por un máximo de dos años adicionales.
El decreto, que entró en vigor poco después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo, requiere la aprobación del Congreso para mantenerse vigente. No obstante, enfrenta oposición de partidos como PP, Vox y Junts, generando incertidumbre sobre el futuro de los contratos de alquiler si la medida no es convalidada. La situación política ha llevado al Gobierno a dividir las ayudas relacionadas con el impacto económico de la guerra, separando el paquete de alquileres del resto de medidas energéticas valoradas en 5,000 millones de euros que ya han sido aprobadas por las Cortes. Según estimaciones del Ministerio de Consumo, la prórroga podría beneficiar a alrededor de un millón de hogares, afectando a aproximadamente 2.7 millones de personas en el país.
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