La Dirección General de Consumo ha enviado nuevas solicitudes de información a las principales cadenas de supermercados e hipermercados de ámbito nacional con el fin de comprobar que estos establecimientos están trasladando correctamente a los consumidores la reducción del IVA al 0% en el precio del aceite de oliva. Esta medida, decretada por el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio, es de cumplimiento obligatorio desde el 1 de julio.
La actuación de Consumo surge tras la recepción de una denuncia por parte de la Asociación de Consumidores en Acción Facua, que alerta sobre posibles incrementos en los márgenes de beneficio de los supermercados en la venta de aceite de oliva y posibles distorsiones de precios que afectarían a los consumidores. Ante estas alegaciones, las potenciales distorsiones de precios y de competencia han sido notificadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resaltado que sus competencias en esta materia se limitan al último eslabón de la cadena de producción, es decir, los supermercados, y que dichas competencias tienen carácter temporal. Estas se derivan de las medidas del escudo social aprobadas por el Gobierno para mitigar el aumento de precios generado por la invasión rusa de Ucrania.
Según lo informado, la Dirección General de Consumo tiene la responsabilidad de verificar que la reducción del IVA al 0% se efectúe de manera íntegra en beneficio del consumidor final, sin que esta medida se traduzca en un aumento de los márgenes de beneficio para los distribuidores minoristas. La información recopilada durante estas acciones también será enviada al Observatorio de la Cadena Alimentaria, en el marco de la estrategia de transparencia y claridad en la formación de precios alimentarios impulsada por el Ministerio.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha declarado que «esta iniciativa amplía las actuaciones en curso para asegurar que la bajada del IVA repercute íntegramente en las personas consumidoras y no en los márgenes de beneficio de los distribuidores minoristas». Bustinduy ha sido explícito en varias ocasiones sobre la preocupación que tiene el Gobierno respecto al incremento del precio del aceite de oliva, un producto básico, y ha asegurado que se tomarán medidas si se demuestra que los supermercados no están aplicando correctamente la reducción del IVA.
En sus declaraciones, Bustinduy recordó que, aunque las competencias de Consumo afectan solo a los supermercados, una investigación completa abarcando todos los eslabones de la cadena de producción del aceite de oliva sería necesaria para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores y las decisiones del Gobierno. Este nuevo requerimiento se suma a las acciones previas de Consumo, donde ya se había solicitado a los operadores de distribución minorista información para verificar la anterior reducción del IVA al 5%, también parte del escudo social contra la subida de precios causada por la situación en Ucrania.
Fuente: Ministerio de Consumo
