El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a cargo de Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente de investigación contra una gran inmobiliaria con un elevado número de viviendas en alquiler en varias comunidades autónomas. El expediente se debe a cuatro posibles infracciones detectadas en sus contratos y prácticas comerciales.
Las presuntas irregularidades son las siguientes: imposión de un seguro de impago al inquilino; inclusión de una cláusula que presume la negociación individualizada de un contrato de adhesión; penalizaciones desproporcionadas por retraso en la entrega de la vivienda; e imposición de gastos injustificados en los suministros. Cada una podría calificarse como cláusula abusiva, con multas de hasta un millón de euros por infracción o de seis a ocho veces el beneficio obtenido ilegítimamente.
El Ministerio, a través de la Dirección General de Consumo, ha subrayado que la apertura del expediente no prejuzga el resultado de la investigación. El objetivo es proteger a los inquilinos de prácticas que pueden vulnerar sus derechos y corregir los desequilibrios de poder en el mercado del alquiler.
El caso tiene precedente reciente: en abril, el Ministerio impuso una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas similares. La sanción fue confirmada tras resolver el recurso de alzada interpuesto ante el propio ministro Bustinduy. A esa empresa se le apreciaron seis infracciones muy graves y una grave por aprovechar su posición dominante contra sus inquilinos.
La Dirección General de Consumo ha publicado recientemente las principales cláusulas abusivas que detecta en contratos de alquiler, como guía para que los inquilinos puedan identificarlas. El incremento de este tipo de expedientes se produce cuando la inquietud de propietarios e inquilinos no para de crecer: los impagos y las ocupaciones han disparado las consultas a firmas especializadas en gestión de inmuebles.
Por cuatro posibles infracciones en contratos de alquiler: seguro de impago obligatorio al inquilino, cláusula que presume negociación individual, penalizaciones desproporcionadas por retraso y gastos de suministros injustificados.
Hasta un millón de euros por infraccción, o de seis a ocho veces el beneficio obtenido de forma ilícita, según la gravedad de cada caso.
No. El Ministerio ha aclarado que la apertura del expediente no prejuzga el resultado. Es el inicio formal del proceso de investigación, que puede concluir en sanción o en archivo.
El Ministerio de Consumo le impuso una multa de 3,6 millones de euros por seis infracciones muy graves y una grave, confirmada tras resolver el recurso de alzada.
