El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha conseguido que Airbnb retire cerca de 65,000 anuncios ilegales de su plataforma. Esta acción se produce después de que la justicia validara las actuaciones del ministerio, que había llevado a Airbnb a los tribunales para exigir el cumplimiento de la legislación.
La retirada de estos anuncios responde al esfuerzo del ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, de hacer cumplir la normativa vigente, que obliga a los anuncios de alojamientos turísticos a incluir un número de registro oficial. Sin embargo, la labor no termina aquí: la Unidad de Análisis de Consumo ha identificado otros 54,728 anuncios sin registrar, lo que demuestra que el desafío continúa.
Bustinduy ha sido claro en su compromiso de defender el derecho constitucional a la vivienda, situándolo “por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”. Así, el ministerio seguirá trasladando la información recabada para que estos anuncios sean corregidos o eliminados, conforme a la ley.
El archivo elaborado por Consumo no solo recoge el número de registro, sino también información detallada sobre la tipología de la vivienda, ubicación geográfica y detalles de los anfitriones. Con estos datos, se refuerza la transparencia y la legalidad en el sector del alquiler turístico.
La Unidad de Análisis de Consumo sigue activa en su misión de identificar y denunciar anuncios ilegales, trabajando para que las plataformas digitales cumplan con las normativas y aseguren un mercado justo y regulado. Esta iniciativa subraya el compromiso del ministerio de proteger a los ciudadanos y garantizar su acceso al derecho a la vivienda.
Fuente: Ministerio de Consumo
