El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha intensificado sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa que regula los anuncios de alquiler de viviendas en zonas tensionadas. Esta regulación, que forma parte de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, exige que portales inmobiliarios e inmobiliarias ajusten los precios anunciados a los límites establecidos por la ley y que ofrezcan información detallada en los anuncios publicados.
El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, envió el 29 de diciembre una comunicación formal a los principales actores del sector, tanto portales como asociaciones inmobiliarias. En dicha comunicación, Barragán explica los cambios normativos y advierte que infringir estas disposiciones podría constituir una «práctica desleal por engañosa».
Hasta la fecha, la Ley de Vivienda exigía que se proporcionara la información sobre precios regulados al momento de firmar el contrato de alquiler. Sin embargo, la nueva normativa extiende esta obligación también a la fase de anuncio, exigiendo que se publiquen detalles como el precio del último contrato de alquiler para las viviendas ofertadas por particulares, o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores, en zonas clasificadas como tensionadas.
El 16 de enero de 2026, con base en las inquietudes de transparencia en el mercado de la vivienda, el ministerio ha iniciado una investigación. Esta medida busca identificar y erradicar anuncios de alquiler que no se ajusten a los precios regulados o que omitan detalles relevantes para el consumidor. Las prácticas que no se alineen con la normativa podrían calificarse como engañosas, lo que puede dar lugar a sanciones.
Según el ministerio, la nueva ley, aprobada por el Congreso el pasado 11 de diciembre y publicada oficialmente el 27 de diciembre en el BOE, tiene como objetivo principal brindar mayor claridad y accesibilidad a los consumidores. Los portales inmobiliarios tienen la responsabilidad de informar explícitamente sobre los parámetros utilizados para establecer los precios de alquiler en las áreas declaradas tensionadas.
La vigilancia de Consumo sobre el sector se ha intensificado para asegurar que el mercado de la vivienda se mantenga justo y transparente. Las prácticas identificadas contrarias a la norma no solo violan la regulación de consumo sino que además socavan la confianza en el sistema, afectando tanto a propietarios como a inquilinos. Por esta razón, las medidas adoptadas buscan proteger los derechos de los consumidores, promoviendo una mayor equidad en el acceso a la vivienda.
Fuente: Ministerio de Consumo
