El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una reforma legislativa que cambia el sistema de dependencia y discapacidad en España. Impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la reforma amplia derechos, servicios y prestaciones, y reduce la burocracia que hasta ahora complicaba el acceso a estos apoyos.
Uno de los pilares de la reforma es el blindaje de la financiación del sistema de dependencia: la Administración General del Estado queda obligada por ley a cubrir el 50% de la inversión en este ámbito. Se ratifica además un real decreto-ley que amplia la financiación estatal, con 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027, el mayor incremento hasta la fecha para este sistema.
El ministro Pablo Bustinduy calificó la iniciativa como «la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo» durante su intervención en el Congreso, y subrayó que responde tanto a las necesidades de quienes reciben cuidados como de quienes los prestan.
La reforma elimina el régimen de incompatibilidades, lo que permitirá combinar distintas prestaciones sin restricciones. Amplía el concepto de asistencia personal más allá del entorno domiciliario, redefine la figura del cuidador reconociendo oficialmente a los cuidadores no profesionales, y convierte la teleasistencia en un derecho subjetivo con mayor alcance.
Para las personas con discapacidad, automatiza el reconocimiento de ciertos grados de discapacidad y simplifica los trámites administrativos. También reconoce la accesibilidad universal como un derecho y crea un programa estatal para financiar las intervenciones necesarias para garantizarla.
Bustinduy relacionó la reforma con el envejecimiento de la población española, un asunto que ya abordó en el encuentro internacional de ciudades accesibles celebrado en Donostia, y la calificó de «logro democrático» para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
El 50% de la inversión en el sistema de dependencia, por obligación legal.
6.200 millones de euros entre 2026 y 2027.
Se automatiza el reconocimiento de ciertos grados de discapacidad, se simplifican los trámites y se reconoce la accesibilidad universal como derecho.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy.
