El Congreso de México ha dado luz verde al controvertido proyecto del «muro arancelario» promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, que será implementado a principios de 2026. Esta estrategia económica busca imponer cuotas de entre 5% y 50% en 1.400 fracciones arancelarias a productos provenientes de países asiáticos como China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia, que no tienen acuerdos comerciales con México. El objetivo es mejorar la posición de México en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y aumentar los ingresos del Estado ante la desaceleración económica. La medida, que afecta a sectores estratégicos como el automotriz, textil, y de electrodomésticos, ha sido aprobada mayormente por el partido Morena y el PVEM, a pesar de las críticas y abstenciones de la oposición.
Durante el proceso legislativo, que culminó rápidamente en tres días de debates intensos, se ha dotado a la Secretaría de Economía de más facultades para regular las importaciones de estos países y asegurar el suministro de insumos a precios competitivos. El bloque opositor, compuesto por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha criticado duramente la medida, advirtiendo sobre el impacto negativo que podría tener sobre los procesos productivos nacionales y el costo de vida de los ciudadanos. Asimismo, han subrayado la contradicción del Gobierno al implementar aranceles estrictos tras protestar en el pasado contra medidas similares del expresidente estadounidense Donald Trump. Los opositores también han señalado que el «muro arancelario» podría desincentivar la inversión extranjera, vital para el crecimiento económico del país. Los nuevos aranceles empezarán a aplicarse desde el 1 de enero de 2026, afectando significativamente a varios productos de importación que ahora estarán sujetos a impuestos más altos.
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