El caso de Juana Rivas continúa siendo un enigma legal en el que la custodia y protección del menor, Daniel Arcuri Rivas, de 11 años, están en juego entre complejas situaciones judiciales en España e Italia. Desde que Daniel llegó a España en diciembre, vive con su madre en Maracena (Granada), pero a medida que se integraba en su nuevo ambiente escolar, nuevos procesos legales han inundado los tribunales. La reciente decisión del tribunal de Violencia contra la Mujer número 2 de Granada, de no reconocer como violencia de género las acciones de Francesco Arcuri, padre de Daniel, durante las navidades, ha exacerbado la controversia. Aunque se investigarán las acusaciones de posible violencia doméstica, la situación volvió a abrir el debate sobre cómo se abordan y entienden los diferentes tipos de violencia en el sistema judicial español.
Por su parte, la tensión jurídica se expande en el ámbito internacional. Se espera una prontísima resolución final por parte del juzgado italiano que podría determinar el regreso de Daniel a Italia con su padre, lo cual mantiene en vilo a ambas partes involucradas. Mientras la defensa de Rivas confía en la protección de las leyes españolas sobre el menor, otros sectores, como la fiscalía, anticipan que la resolución italiana prevalecerá al estar fundamentada en el Convenio de La Haya sobre Protección de Menores. El caso también desprende preocupaciones de competencia jurisdiccional en España, donde la reciente transferencia del asunto a un juzgado de Instrucción podría derivar en un prolongado conflicto de competencias. Este caso emblemático sigue atrayendo la atención pública y está configurando cómo el sistema judicial trata la violencia vicaria y la protección de menores en situaciones internacionales.
Leer noticia completa en El Pais.
