En la reciente Conferencia Sectorial de Infancia, las comunidades gobernadas por el Partido Popular han expresado su rechazo al decreto del Gobierno que propone reubicar a 4,400 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta. Esta redistribución, calificada por el PP como «forzosa y arbitraria», busca aliviar la saturación de los sistemas de acogida en territorios particularmente afectados. Durante el encuentro, presidido por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, no se alcanzó un consenso sobre modificar los criterios de reparto. Rego lamentó la falta de propuestas alternativas del PP, acusando a las comunidades populares de bloquear la reforma sin ofrecer soluciones concretas.
La discusión sobre los detalles del decreto, previamente convalidado por el Congreso, dejó clara la división entre las comunidades. Según los criterios acordados, algunos territorios, como Cataluña, se beneficiarían más que otros, lo que ha generado críticas desde el PP. Ana Dávila, consejera madrileña, señaló que tres comunidades populares recibirán la mayoría de los menores. Mientras el Ministerio de Juventud trabaja en la propuesta de traslado específica, el debate se enmarca en acusaciones del PP de que el decreto responde a intereses políticos, acusando al Gobierno central de no haber consultado adecuadamente a las autonomías. Con el decreto en vigor, el Ejecutivo planea iniciar el traslado este verano, aunque el proceso sigue siendo objeto de revisión judicial por parte del PP.
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