En un paso sin precedentes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional han acordado permitir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta información sobre ciertos contribuyentes inmigrantes con el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este acuerdo, detallado en un memorando de entendimiento de 15 páginas revelado durante un caso judicial, tiene como objetivo evitar la divulgación no autorizada de información fiscal para la ejecución de leyes de inmigración. La fusión de datos gubernamentales, vitales para los servicios públicos, con operaciones de vigilancia es vista como una amenaza a los principios democráticos.
El DHS justifica el acuerdo bajo la Orden Ejecutiva 14161 de enero de 2025, que ordena la identificación y deportación de personas que están ilegalmente en el país. Según el memorando, el DHS ha señalado la existencia de numerosas personas bajo esta situación dentro de investigaciones criminales por no haber abandonado el país. Así, el IRS puede divulgar información confidencial específica para estos casos, lo que hasta ahora estaba prohibido por el Código Tributario.
El mecanismo para este intercambio de datos es que ICE solicite al IRS información específica del contribuyente, como nombre, dirección y período fiscal, fundamentando por qué es relevante para una investigación criminal. El IRS luego evalúa si la solicitud cumple con las excepciones a la confidencialidad establecidas por la ley.
Sin embargo, hay preocupaciones sobre esta práctica. Un informe del Centro de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York señala que, aunque el memorando menciona investigaciones criminales, el DHS podría utilizar los datos fiscales para deportar a hasta siete millones de personas, cantidad que excede cualquier justificación de investigación criminal plausible. Esto sugiere un uso pretextual de las investigaciones para localizar personas con fines de deportación civil.
Además, no está claro cómo el IRS verificará la exactitud de las solicitudes de ICE. A lo largo de la historia, ICE ha cometido errores graves, deteniendo a personas equivocadas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, basándose en datos incorrectos y perfiles raciales.
El impacto de este acuerdo ya se resiente en el IRS, con varios altos funcionarios presentando su renuncia, destacando una preocupación creciente sobre el respeto a la confidencialidad de los contribuyentes. La medida amenaza con erosionar la confianza de los inmigrantes en el sistema y coloca a los contribuyentes en una posición precaria entre cumplir con sus obligaciones fiscales y temer posibles deportaciones.
Este acuerdo representa no solo una traición a los contribuyentes, sino también un recordatorio de errores del pasado. Ejemplos históricos como el uso de datos censales para internar a estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial subrayan los peligros de tales políticas. En un momento en que el uso de grandes datos gubernamentales suscita preocupación sobre el equilibrio de poder entre el Estado y el individuo, este acuerdo es percibido como un intento de explotar esa vulnerabilidad.
