En un giro inesperado para la fiscalidad de las criptomonedas en España, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha marcado un antes y un después al cuestionar la aplicación de la norma FIFO (First In, First Out) para estos activos digitales. Este criterio, utilizado por Hacienda para calcular ganancias de inversiones, ha sido recientemente revisado en varias resoluciones emitidas entre enero y abril de 2025 por el tribunal vasco, que considera no hay sustento legal en equiparar criptomonedas con valores financieros tradicionales.
Como consecuencia, las Haciendas Forales de Vizcaya y Gipúzcoa han comenzado a ajustar sus Normas Forales del IRPF. La intención es reincorporar explícitamente el método FIFO y resolver así el vacío legal señalado por el tribunal. Estos ajustes, que podrían entrar en vigor a partir de enero de 2025, buscan asegurar que las criptomonedas sean tratadas fiscalmente de manera similar a otros activos.
Aunque la decisión del tribunal se circunscribe al País Vasco, sus repercusiones podrían extenderse a todo el territorio español. Esto abre la posibilidad de que contribuyentes en otras regiones soliciten devoluciones o presenten reclamaciones si fueron gravados mediante FIFO sin una ley específica que lo respalde. El caso pone en evidencia la necesidad de una normativa clara a nivel estatal para resolver la incertidumbre generada.
Para los inversores en criptomonedas, especialmente en el País Vasco, este desarrollo subraya la importancia de mantenerse al tanto de los cambios legislativos y judiciales. Aunque en el País Vasco el FIFO podría ser reintroducido en 2025, en el resto del país el método sigue vigente, generando un paisaje de incertidumbre legal tras el precedente vasco. Esta evolución normativa no solo representa un nuevo capítulo en la fiscalidad de los criptoactivos, sino que también recalca la importancia de estar preparados para posibles sorpresas en futuras declaraciones fiscales.
