La justicia salvadoreña, bajo la influencia del presidente Nayib Bukele, ha iniciado una serie de juicios masivos dirigidos a más de 80,000 personas detenidas desde la implementación del Régimen de Excepción en marzo de 2022. Este régimen ha debilitado significativamente las garantías de defensa, ya que entre los derechos suspendidos se encuentra el derecho a la defensa, dejando a muchos sin conocer siquiera a su abogado. Este viernes, un tribunal en San Salvador dio comienzo a la etapa final de los procedimientos contra 58 individuos, acusados de pertenecer a una célula de la Mara Salvatrucha 13, conocida como Hollywood Locos Salvatruchos. Los juicios, que avanzan en bloques bajo un complejo marco judicial, despojan a los acusados de defensas efectivas y son parte de un proceso que engloba a miles de acusados.
En septiembre de 2023, la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, promulgó reformas que permiten a la Fiscalía organizar audiencias masivas, implicando a personas en procesos penales sin pruebas individualizadas. Estas reformas amplían el alcance del sistema judicial para incluir miles de acusados de pandillas como la MS-13 y el Barrio 18. Los procesos judiciales están configurados para dictar sentencias escalonadas, a menudo sin acceso a un expediente completo por parte de la defensa, lo que resulta en condenas prefiguradas. Aunque el Régimen de Excepción formalmente solo suspende cuatro derechos constitucionales, reformas legales secundarias han creado un entorno de condena anticipada. Organizaciones como Cristosal y organismos internacionales de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias y el riesgo de sentencias injustas, alertando sobre un sistema que puede consolidar un estado de represión y control social durante el mandato de Bukele.
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