La Administración de Donald Trump ha puesto en marcha una colaboración entre la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permite a las autoridades migratorias acceder a los datos de todos los pasajeros aéreos, facilitando así la detención y deportación de migrantes. Este acuerdo comenzó en marzo y ha sido revelado por el diario The New York Times, el cual tuvo acceso a documentos que demuestran el traspaso de información. Gracias a este acuerdo, los agentes migratorios pueden recibir información detallada sobre el vuelo que van a tomar aquellos pasajeros que tienen una orden de expulsión, permitiendo su detención antes de que embarquen. Un caso reciente es el de Any Lucía López Belloza, una joven de 19 años detenida en el aeropuerto Logan de Boston y deportada a Honduras tras descubrirse que tenía una orden pendiente.
El uso de datos de pasajeros ya era una práctica habitual entre las aerolíneas y la TSA para cuestiones de seguridad, con el fin de detectar a posibles terroristas. Sin embargo, esta nueva aplicación de los datos para detener a pasajeros por motivos migratorios ha sido considerada polémica, provocando reacciones de diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition, ha criticado esta práctica, calificándola de aterradora para las comunidades migrantes que temen ser detenidas durante actividades cotidianas, como viajar para visitar a familiares. Además, destaca que esta colaboración entre agencias es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno de Trump para incrementar las deportaciones, medida que ha incluido iniciativas tan controvertidas como el intercambio de información con la Agencia Tributaria, aunque esta última ha quedado temporalmente bloqueada por una orden judicial.
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