La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han manifestado su desacuerdo casi definitivo con la propuesta del Gobierno para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos en 14 pagas, lo que representa un aumento del 3,1%. Las organizaciones empresariales, lideradas por Antonio Garamendi y Ángela de Miguel, han criticado la falta de comunicación directa por parte del Ejecutivo, alegando que fueron informados a través de la prensa. Las patronales expresaron su descontento con la propuesta, considerándola como una medida que sustituye la esperada indexación de los contratos públicos por mecanismos considerados inadecuados y alejados de lo que se había discutido en el diálogo social.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha planteado un incentivo fiscal mediante deducciones en el impuesto de sociedades para atraer a las empresas al acuerdo sobre el SMI. Esta deducción podría cubrir hasta el 100% del coste salarial vinculado al incremento del salario mínimo y estaría dirigida a empresas con altos costos en personal. Sin embargo, CEOE y Cepyme arguyen que esta medida excluye a autónomos, empresas en pérdidas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro, y consideran las condiciones para acceder a la deducción como «inalcanzables». Las patronales critican la propuesta por su intervencionismo y por no haber sido discutida en las instancias adecuadas de negociación colectiva, indicando que emitirán una valoración definitiva tras recibir la documentación completa del Gobierno.
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