El Gobierno argentino enfrentó una controversia tras solicitar a la Justicia que se prohíba la difusión de grabaciones clandestinas de Karina Milei, lo que ha incrementado las sospechas sobre su contenido. La situación comenzó cuando se filtraron audios del exjefe de la Agencia Nacional de Discapacidad, que señaló presuntos actos de corrupción por parte de la Casa Rosada. La reacción oficial fue solicitar una medida cautelar para impedir la divulgación de cualquier audio de Milei, decisión que fue interpretada como un acto de censura previa, generando debate sobre la libertad de expresión y la privacidad.
La polémica medida fue admitida preliminarmente por el juez Patricio Maraniello, lo que recordó a los argentinos un caso similar de censura en 1992. Este incidente reaviva preguntas sobre la transparencia gubernamental, especialmente en el contexto de un gobierno que se autoproclama libertario. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó allanamientos para obtener dispositivos y documentos relacionados con las filtraciones, aumentando la tensión. La prioridad entre el derecho a la información pública y la protección de la intimidad vuelve a estar en el centro del debate legal y ético en Argentina.
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