La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, Colombia, sigue siendo un epicentro de violencia a pesar de los intentos de establecer ceses al fuego entre grupos armados ilegales. A once meses de la ola de violencia que provocó un desplazamiento masivo en el área, las comunidades rurales enfrentan nuevamente un periodo navideño bajo fuego cruzado. A pesar de los anuncios de tregua del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, el conflicto se ha intensificado en territorios como Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y San Calixto, donde al menos 250 personas han sido desplazadas recientemente, según la Defensoría del Pueblo. La situación en Catatumbo es crítica, con interrupciones en la atención de salud y educación debido a los enfrentamientos, lo que ha renovado el drama humanitario en una región estratégica por su cercanía a la frontera con Venezuela y su relevancia en el tráfico de drogas.

Los esfuerzos del gobierno colombiano, liderados por el presidente Gustavo Petro, han intentado contener la violencia y avanzar en el proceso de paz, pero las tensiones continúan. En enero de 2025, el Gobierno suspendió los diálogos con el ELN debido a las acciones violentas en la región, considerándolas como crímenes de guerra. Aún así, han mantenido las negociaciones con una facción de las disidencias de las FARC, aunque con avances limitados. Intentos como la creación de una Zona de Ubicación Temporal para desmovilizar combatientes del Frente 33 muestran las dificultades del proceso, exacerbadas por fracturas internas entre las disidencias y continuos ataques a poblaciones civiles. El comunicado más reciente de la delegación de paz del Gobierno expresa preocupación por el impacto de las economías ilegales y las dinámicas de violencia que obstaculizan un proceso de paz sostenible en el Catatumbo.

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