La Generalitat de Cataluña ha lanzado el Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025-2030, con el objetivo de eliminar la circulación de motocicletas de combustión para finales de la década. Esta propuesta, que involucra una inversión de 1.400 millones de euros, tiene cinco ejes principales: la instalación de 9.000 nuevos puntos de recarga, fomento de la demanda de vehículos eléctricos, mejora de la percepción social de esta tecnología, refuerzo de la cadena de valor industrial y una gestión eficiente. El anuncio ha generado reacciones mixtas, especialmente del sector de las dos ruedas, que ve con buenos ojos la transición hacia la sostenibilidad, pero critica la discriminación hacia las motos de combustión frente a otros vehículos contaminantes.
La Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas (Anesdor) ha expresado su desacuerdo con la restricción propuesta, argumentando que esta medida afectará a más de 1.180.000 usuarios, particularmente en áreas urbanas como Barcelona, donde el uso de motos es significativo. Anesdor destaca que las motos tienen ventajas en términos de movilidad, ocupando menos espacio y teniendo una menor huella ambiental que muchos vehículos de cuatro ruedas. Según José María Riaño, secretario general de la asociación, mientras el plan en general es positivo, la exclusión de las motos de combustión resulta injusta ya que se ignoran las contribuciones de estos vehículos y no se aplican restricciones similares a coches y furgonetas.
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