El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha instado a la población a disfrutar del carnaval de Mazatlán, asegurando que la seguridad está garantizada por el estado. Sin embargo, esta declaración contrasta con la realidad que se vive en la región, donde la violencia ha dominado durante más de un año, superando las estrategias de seguridad tanto federales como locales. A pesar de estas dificultades, no se ha visto un cambio significativo en la percepción y la respuesta de las autoridades. La opinión pública nacional parece cada vez más acostumbrada a los actos de violencia, que se han convertido en parte de la vida cotidiana.
Las últimas semanas han sido particularmente sombrías en Sinaloa, con incidentes que incluyen ataques a políticos locales, secuestros de turistas y mineros, y asesinatos de personas provenientes del puerto de Mazatlán. Aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha reportado detenciones y la incautación de armas, estos esfuerzos son insuficientes para devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Sin un esfuerzo decidido por desmantelar las estructuras políticas que permiten a los cárteles operar con impunidad, la situación es poco probable que mejore. El complejo panorama se agrava con la cercanía de las elecciones intermedias de 2027, que tienden a enfriar una respuesta decidida, mientras el carnaval sigue su curso, reflejando una inquietante normalidad.
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