En un esfuerzo por combatir la desigualdad económica y fortalecer el Estado social en España, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha concluido una visita oficial a París donde se reunió con el economista Gabriel Zucman, creador de la llamada ‘tasa Zucman’. Este impuesto, que grava anualmente con un 2% los patrimonios que superan los 100 millones de euros, podría generar hasta 5.200 millones de euros para las arcas españolas, según el Observatorio Fiscal de la Unión Europea.
Bustinduy destacó que esta recaudación permitiría financiar una prestación universal por crianza, dirigida a erradicar la pobreza infantil en el país. Durante su encuentro con Zucman, el ministro llevó a discusión la posibilidad de implementar esta tasa en España y enfatizó su importancia para lograr una justicia fiscal más equitativa. “Con un impuesto del 2% a los patrimonios mayores de 100 millones de euros podríamos financiar una prestación que erradicaría la pobreza infantil”, afirmó Bustinduy, anticipando los beneficios de una medida tributaria que busca corregir las desigualdades actuales.
Además de su reunión con Zucman, Bustinduy también se encontró con Mary Beth Goodman, secretaria general adjunta de la OCDE. Durante este encuentro, el ministro planteó la necesidad de una regulación común para el desarrollo de algoritmos que establecen precios dinámicos con el fin de proteger a los consumidores en el entorno digital. Bustinduy subrayó que España aspira a liderar la gobernanza democrática de los algoritmos y los espacios digitales, asegurando la defensa de los derechos de los consumidores y promoviendo la justicia en el ámbito económico y social.
El objetivo principal de la visita del ministro a París fue sostener diálogos que fortalezcan las políticas sociales y fiscales de España, cultivando una cooperación internacional sólida para avanzar en el combate a la pobreza infantil y promocionar una tributación más justa y equitativa. Con estos avances, Bustinduy apuesta por un sistema más equitativo y propone convertir a España en un referente en la defensa de los derechos sociales y económicos en el plano internacional.
Fuente: Ministerio de Consumo
