Madrid, 21 de octubre de 2024.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha puesto en marcha una investigación sobre varias agencias inmobiliarias operando en España, en respuesta a acusaciones de prácticas abusivas contra inquilinos. Este examen se centra en acciones como la imposición de comisiones por gestión de arrendamiento y la firma de contratos temporales sin justificación válida, lo cual podría contravenir la «Ley 12/2023 del Derecho a la Vivienda».
La Dirección General de Consumo, responsable de dicha indagación, ha recibido numerosas denuncias de asociaciones de consumidores que alertan sobre estas irregularidades. Según el organismo, las prácticas en cuestión serían violaciones serias de la legislación vigente, que prohíbe la transferencia de gastos de gestión inmobiliaria a los arrendatarios y demanda justificantes claros para cualquier contrato temporal en el sector.
Las agencias investigadas se enfrentan a posibles repercusiones legales bajo el amparo de la «Ley de Arrendamientos Urbanos» y la «Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios», especialmente si se confirma que han implementado cláusulas abusivas o llevado a cabo prácticas comerciales desleales. Las sanciones, dependiendo de la gravedad de las infracciones, podrían variar desde multas económicas, que en casos extremos superen el millón de euros, hasta el pago de cifras multiplicadas por los beneficios ilícitos obtenidos.
En este contexto, el Ministerio de Derechos Sociales se ha comprometido a actuar con firmeza para proteger el derecho a la vivienda, considerándolo un elemento esencial para la calidad de vida. Además de las acciones legales, se están coordinando campañas informativas para alertar tanto a inquilinos como a operadores del mercado sobre estas prácticas, entre las que también se incluyen demandas ilegales como el pago de fianzas excesivas o mensualidades adelantadas sin justificación.
Este enfoque del Ministerio se inscribe en un esfuerzo más amplio para asegurar el cumplimiento de los derechos de los consumidores en el sector del alquiler, subrayando la importancia de un mercado inmobiliario justo y transparente que respete las normativas establecidas y las necesidades de los ciudadanos.
Fuente: Ministerio de Consumo
