En un esfuerzo por avanzar hacia un modelo de cuidados más inclusivo y centrado en la persona, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reiterado la necesidad de una reforma integral de las leyes de Dependencia y Discapacidad. En una reunión celebrada en Madrid el 4 de diciembre de 2025 con la asociación Plena Inclusión España, representante de las personas con discapacidad intelectual, Bustinduy subrayó la importancia de consolidar el consenso alcanzado en anteriores reformas sociales, como la modificación del artículo 49 de la Constitución y la Ley ELA, que ya han mostrado resultados significativos en el refuerzo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
La reforma legislativa actual, en trámite en el Congreso, busca introducir cambios significativos en la prestación de servicios para personas con dependencia y discapacidad. Entre los aspectos más destacados, se propone una ampliación de los servicios y prestaciones disponibles, un proceso administrativo menos burocrático y una trascendental transformación del modelo de cuidados para alinearlo más con las necesidades individuales de los ciudadanos afectados.
«Esta reforma es, en esencia, el resultado del trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, y es fundamental que continúe avanzando gracias a su impulso», declaró el ministro, destacando la colaboración estrecha entre el gobierno y las entidades representativas del sector.
Un aspecto crucial de las nuevas medidas es la inclusión de la accesibilidad universal como un derecho fundamental y una obligación para todos los niveles de gobierno. Además, se busca fomentar la autonomía y la inserción laboral de las personas con discapacidad, permitiendo la compatibilidad entre el empleo y las prestaciones del sistema, una demanda largamente sostenida por la comunidad representada por Plena Inclusión. Según la entidad, la tasa de empleo entre personas con discapacidad intelectual en España sigue siendo alarmantemente baja, afectando a 8 de cada 10 individuos.
La reforma propone eliminar incompatibilidades introducidas en 2012 y garantizar que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar no estén sujetas a plazos suspensivos, una medida que busca ofrecer seguridad y flexibilidad a las familias.
Este proyecto de ley, que abarca tanto la dependencia como la discapacidad, es parte de un plan más amplio del Ministerio de Derechos Sociales para abandonar el modelo asistencialista y adoptar uno que verdaderamente se adapte a las personas y sus necesidades. Con las reformas, se espera avanzar significativamente hacia una sociedad más inclusiva y justa, donde las personas con discapacidad puedan acceder plenamente a sus derechos y oportunidades.
Fuente: Ministerio de Consumo
