El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, recibió este martes en Madrid al relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, para hablar de las políticas de vivienda que impulsan tanto la ONU como el Gobierno español.
Casla, investigador en derechos humanos y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Essex, asumió el cargo de relator de Vivienda de la ONU en abril de este año. Defiende que la vivienda debe tratarse como un recurso público, al mismo nivel que la salud o la educación, frente a los problemas crecientes de acceso a viviendas asequibles.
Durante el encuentro, Bustinduy explicó que el Gobierno trabaja en un real decreto de vivienda que incluirá una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, regulaciones para los alquileres de temporada y por habitaciones, y una subida del IVA de los pisos turísticos, medidas pensadas para frenar la conversión de vivienda residencial en alojamiento turístico.
El Ministerio de Consumo también ha actuado directamente contra prácticas ilegales en el alquiler. La sanción de 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia turística y por publicidad engañosa, ya confirmada por la Justicia tras el recurso de la plataforma, se ha completado con la retirada de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb y 4.093 de Booking.
Airbnb no ha sido la única sancionada: en abril, el Ministerio impuso una multa de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas que vulneraban los derechos de los inquilinos, y otra empresa del sector sigue investigada por motivos similares.
El Ministerio de Consumo ha firmado además un convenio con el Instituto de Filosofía del CSIC para capturar y analizar datos sobre el mercado de la vivienda, centrado en cómo funcionan las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa. El objetivo declarado es dotar a las instituciones públicas de mejor información para vigilar un mercado que, como ya se ha planteado para el caso concreto de Madrid, concentra buena parte de las tensiones del mercado inmobiliario español.
Koldo Casla, investigador en derechos humanos y profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Essex, relator especial de Vivienda de la ONU desde abril de 2026.
Una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, regulaciones para los alquileres de temporada y por habitaciones, y una subida del IVA de los pisos turísticos.
64 millones de euros por anunciar viviendas sin licencia turística y por publicidad engañosa, sanción ya confirmada por la Justicia.
La inmobiliaria Alquiler Seguro, con una multa de 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra inquilinos, y otra empresa del sector sigue bajo investigación.
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
