El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha negado la solicitud de medidas cautelares presentada por Airbnb para suspender la sanción impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en diciembre de 2025. La multa, que asciende a más de 64 millones de euros, se deriva de las infracciones detectadas en la publicación de anuncios de viviendas en la plataforma, que incumplen diversas normativas, particularmente en materia de licencias y protección al consumidor.

Tras la investigación, el Ministerio identificó un total de 65.122 anuncios irregulares en Airbnb, los cuales fueron retirados a mediados del año pasado. La irregularidad principal radicaba en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia o con números de registro falsificados, además de la omisión de información completa y veraz sobre los anfitriones. Tales prácticas constituían infracciones graves, tipificadas como desleales y engañosas bajo la normativa vigente, especialmente en relación con la protección a los consumidores.

La sanción impuesta por el Ministerio alcanza los 63.980.311 euros, una cifra equivalente a seis veces los beneficios ilícitos obtenidos por Airbnb en ese período. Esta cuantía refleja la gravedad de las irregularidades y la intención del organismo regulador de sancionar prácticas comerciales que vulneran los derechos de los usuarios.

Por otra parte, la investigación también detectó infracciones leves relacionadas con el incumplimiento de obligaciones en los contratos a distancia, y la negativa de la plataforma a proporcionar información a las autoridades inspectoras. Estas infracciones fueron sancionadas con multas menores, de 10.000 euros cada una. Además, se penalizó una infracción grave vinculada a incumplimientos durante la tramitación del expediente, con una multa de 55.000 euros.

A pesar de la gravedad de la sanción, Airbnb presentó recursos legales para intentar frenar el pago y la ejecución de la multa. Sin embargo, el tribunal madrileño sostuvo la decisión del Ministerio, rechazando la solicitud de suspensión provisional de la multa y dejando en firme la obligación de la plataforma de abonar la multa establecida. El tribunal también aclaró que la empresa puede presentar un recurso de reposición para intentar revertir la decisión en instancias posteriores.

Este caso refleja la creciente batalla del Estado contra los pisos turísticos ilegales, una problemática que ha tomado protagonismo en varias ciudades españolas, donde la proliferación de viviendas ofrecidas sin las licencias correspondientes genera conflictos con las normativas locales y afecta a los mercados de vivienda y a las regulaciones de protección al consumidor. La decisión del tribunal reafirma la voluntad de las autoridades de mantener el control sobre el sector del alquiler vacacional y de sancionar severamente las prácticas que vulneran los derechos de los usuarios y el cumplimiento normativo.