La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido gobernante Nuevas Ideas, ha aprobado una reforma constitucional que permite las penas de prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas, siguiendo la propuesta del presidente Nayib Bukele. Esta reforma se autorizó sin debate previo, con el apoyo de 59 diputados, incluidos algunos de la oposición. El cambio se produce en medio de una controversia generada por acusaciones internacionales contra el Gobierno de Bukele por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su régimen de excepción. Anteriormente, la Constitución salvadoreña buscaba rehabilitar a los delincuentes con penas máximas de 60 años, y la jurisprudencia del país había señalado la imposibilidad de decretar penas perpetuas, destacando el caso de condenas de hasta mil años para pandilleros.

La implementación de esta reforma en El Salvador intensifica la crisis jurídica del país, caracterizada por un sistema de justicia sobrecargado y controlado en gran medida por el Ejecutivo. Las cifras revelan un promedio de 108 casos por fiscal y 200 por defensor público hasta 2025, lo que refleja un sistema colapsado y proclive a injusticias irreversibles. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió enérgicamente la reforma y criticó duramente a las organizaciones de derechos humanos, que denuncian las acciones del Gobierno bajo el marco del régimen de excepción. En los días previos, una campaña en redes sociales intensificó la defensa gubernamental contra estas acusaciones. Las próximas reformas contemplan la modificación de varias leyes, incluyendo la Ley Penal Juvenil, para introducir la cadena perpetua y seguir alineando el marco legal salvadoreño con la visión del Ejecutivo.

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