La nueva normativa económica impuesta en la región establece que los fabricantes de automóviles extranjeros no podrán superar el 49% de participación en capital dentro de los grandes proyectos. Esta medida busca proteger y fomentar la industria local, asegurando que la mayoría de las inversiones y los beneficios económicos permanezcan dentro del territorio. La restricción forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la autonomía económica regional y reducir la dependencia de mercados exteriores, en un momento donde la soberanía industrial adquiere cada vez más relevancia.
Adicionalmente, los vehículos eléctricos con baterías fabricados por empresas extranjeras solo serán elegibles para recibir ayudas estatales si más del 70% de sus componentes son de origen europeo. Este requisito pretende incentivar a los fabricantes a incrementar la producción local de partes esenciales, promoviendo así la integración y el desarrollo de una cadena de suministro más robusta dentro de la Unión Europea. La medida, que también busca minimizar la huella de carbono al reducir la necesidad de importar piezas de otras partes del mundo, subraya el compromiso con la sostenibilidad y la innovación tecnológica en el ámbito automotriz europeo.
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