El arancel del 25% impuesto por Estados Unidos a una parte de las importaciones brasileñas ya está en vigor, lo que ha llevado al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a anunciar una línea de crédito de 18.500 millones de reales, equivalente a 3.650 millones de dólares, para mitigar el impacto en las empresas afectadas. Esta medida se deriva de una investigación del Representante de Comercio de EE.UU. que considera ciertas políticas brasileñas como «desleales». Entre las prácticas denunciadas figuran el sistema de pagos PIX, restricciones en mercados automovilísticos y de combustibles, y cuestiones relacionadas con la corrupción y la deforestación ilegal.
En respuesta, el Gobierno brasileño está evaluando sus opciones, incluyendo la posibilidad de aplicar represalias bajo la denominada ‘Ley de Reciprocidad’. Sin embargo, la administración de Lula ha optado por priorizar el apoyo a las empresas antes de lanzar un contraataque tarifario. Tras consultas con 22 sectores impactados, la estrategia se centra en la negociación con EE.UU., especialmente considerando que este país es uno de los principales socios comerciales de Brasil. La situación se complica aún más con la amenaza de un arancel adicional del 12,5% derivado de investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso en las cadenas productivas del país, lo que podría afectar gravemente la economía brasileña en un periodo electoral crítico.
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