El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció en su última Cuenta Pública una transformación significativa para el sistema penitenciario del país, particularmente la reconversión del penal Punta Peuco en una cárcel común. Punta Peuco, ubicada en Til Til y a 44 kilómetros de Santiago, es conocida por alojar a más de 130 exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet, muchos de los cuales superan los 80 años. Estos internos, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, han estado recluidos en condiciones especiales desde que se autorizó el penal en 1995, bajo la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Boric ha instruido al Ministerio de Justicia, liderado por Jaime Gajardo, para que modifique el decreto que permite estas condiciones privilegiadas, argumentando que es una medida necesaria tanto para la justicia como para la mejora del sistema penitenciario chileno.
La transformación de Punta Peuco ha generado un intenso debate político y reacciones divididas. Mientras que para sectores de izquierda el cambio es visto como una corrección de un privilegio inaceptable, la oposición lo considera una acción de revancha política. Manuel José Ossandón, presidente del Senado y miembro de la derecha tradicional, criticó la medida, sugiriendo que solo generaría más polémica y descontento. Esta decisión sigue a episodios pasados de controversia sobre el penal, como la negativa de Michelle Bachelet de cerrarlo en 2018 debido a restricciones constitucionales, y la clausura del penal Cordillera por Sebastián Piñera en 2013. La Administración de Boric se encuentra presionada a equilibrar justicia histórica y manejo de la sobrepoblación carcelaria que enfrenta el país.
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