El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido extender por 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 600.000 venezolanos y 234.000 salvadoreños, una medida que ha generado debate político al ser duramente criticada por su predecesor y posible sucesor, Donald Trump. Esta extensión otorga un alivio significativo a cientos de miles de inmigrantes que residen en Estados Unidos, habilitándolos para trabajar y vivir legalmente en el país hasta 2026. Para los venezolanos, la decisión se fundamenta en las «extraordinarias y temporales condiciones» que impiden su retorno seguro, un contexto marcado por la crisis económica y social bajo el gobierno de Nicolás Maduro, quien recientemente se ha proclamado presidente sin exhibir las actas oficiales de las elecciones. Esta situación en Venezuela ha incrementado, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los niveles de delincuencia y escasez de recursos esenciales.
Por otro lado, la prórroga del TPS para los salvadoreños responde a las adversas «condiciones ambientales en El Salvador», especialmente las fuertes lluvias que han exacerbado las zonas afectadas por los devastadores terremotos de 2001. Inicialmente prevista para expirar en marzo de 2025, la protección ha sido extendida hasta septiembre de 2026, argumentando que el retorno seguro no puede garantizarse aún. La mayoría de estos salvadoreños han vivido en Estados Unidos durante más de dos décadas, lo que ha generado un debate constante sobre la permanencia de su estatus. Esta acción de Biden, aunque polarizante en el ámbito político, refleja un compromiso humanitario ante circunstancias difíciles, sumándose a otras controversias actuales en la política migratoria estadounidense.
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